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La Comisión Europea reclama a Volkswagen que compense a los consumidores europeos por el ‘dieselgate’
La Comisión Europea reclama a Volkswagen que compense a los consumidores europeos por el ‘dieselgate’

Bruselas pide al fabricante de automóviles que llegue a acuerdos con todos los afectados en el bloque comunitario, y no solo con los alemanes

La Comisión Europea ha reclamado este martes a la compañía automovilística Volkswagen que compense a todos los consumidores europeos, y no solo a los alemanes, por el llamado dieselgate, un escándalo que se remonta a 2015, cuando se descubrió que el fabricante alemán trucaba las pruebas medioambientales de sus vehículos.

El Ejecutivo comunitario ha exigido estas contraprestaciones a través de una declaración firmada junto a la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores, que representa a las autoridades nacionales de defensa de los usuarios. En ella, piden a la empresa que “se ponga en contacto con los consumidores de todos los Estados miembros que todavía están buscando una compensación, para encontrar soluciones adecuadas y cerrar este capítulo evitando más años de litigios”.

El texto reconoce los esfuerzos de Volkswagen en Alemania, donde la compañía alcanzó un acuerdo “con gran parte de los consumidores que residían en el momento de la compra [del vehículo] en Alemania”, y exige que se siga este mismo camino en el resto de países europeos. En Alemania, el grupo se comprometió a pagar 750 millones de euros para indemnizar a 235.000 clientes en virtud de un acuerdo extrajudicial.

Pero no ha ocurrido lo mismo en el resto de la UE. “A finales de 2015″, añade el documento, “Volkswagen había vendido aproximadamente 8,5 millones de coches diésel en el mercado de la UE equipados con un software de dispositivo de desactivación que se consideraba no conforme con la normativa europea”.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE abrió en 2020 la posibilidad de que los clientes de Volkswagen pudieran acudir a los tribunales nacionales de cualquier país de la UE para perseguir una indemnización, al estimar que el daño por comprar un coche trucado se produce en el lugar de compra (cualquier país europeo), y no solo donde se comete el fraude de falsear las emisiones.

En diciembre de 2020, otra sentencia de ámbito europeo dictada por el mismo tribunal estableció que un fabricante de automóviles no puede instalar un dispositivo que mejore sistemáticamente, durante los procedimientos de homologación, el rendimiento del sistema de control de emisiones del vehículo, de modo que obtenga una certificación de que el vehículo cumple las normas legales de emisiones exigidas.

Tomando nota de esta última resolución, la declaración elaborada por la Comisión Europea y las autoridades de protección de consumidores concluye “que las prácticas comerciales de Volkswagen relacionadas con la comercialización de coches diésel equipados con dichos dispositivos de desactivación también violan la legislación de la UE sobre la protección de los consumidores”, y que por tanto estos “deben tener derecho a la reparación de los daños causados”.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha denunciado que hasta ahora “no se ha compensado a todos los consumidores”. “Ha habido sentencias judiciales que han puesto al descubierto el trato injusto de Volkswagen a los consumidores”, ha afirmado a través de un comunicado. “Sin embargo, el fabricante de automóviles no está dispuesto a colaborar con las organizaciones de consumidores para encontrar soluciones adecuadas [...] No solo los consumidores residentes en Alemania, sino todos los consumidores deben ser compensados”.

Hasta la fecha, según asegura la Comisión en un comunicado emitido este martes, Volkswagen solo ha aceptado compensar a los consumidores de la UE que residían en Alemania en el momento de la compra del coche y, además, el fabricante de automóviles le ha trasladado a Bruselas su opinión de que “no están justificados” los acuerdos con los consumidores europeos que residen fuera de territorio alemán. “La posición de la empresa no ha cambiado a pesar de las recientes decisiones de los tribunales nacionales y de la UE, por lo que la Comisión y las autoridades de consumo de la UE están aumentando la presión”, añade el Ejecutivo comunitario.

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